Cuáles son, a su juicio, los deberes que debe llevar a cabo el Estado para darle competitividad a la economía.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay enfrentan distintos desafíos en torno a cómo continuar con el Mercosur. Proteger sus economías regionales con barreras arancelarias aumentan sus costos internos, pero abrirse al mundo deja a sus industrias expuestas a la falta de competitividad regional, a los productos subsidiados y a los bajos costos de la producción asiática.

Pero aun si se quisiera avanzar en acuerdos de integración internacional, se choca con el dilema de pactar con las economías desarrolladas. Respecto de ellas, el Mercosur es competitivo en cuanto a costos, pero exigen bajar aranceles, aumentar estándares de calidad y ambientales, además de respetar normas laborales y garantías constitucionales. O, por el contrario, acordar con las economías asiáticas, que son menos exigentes, pero con cuyos costos la industria latinoamericana no puede competir.

Cualquiera de estos rumbos impone a las empresas una agenda basada en mejorar su productividad y competitividad.

“Si las empresas argentinas no evolucionan, si no resuelven su problema de calidad, si no invierten en atributos productivos y ambientales y si no avanzan en la economía del conocimiento y en incrementar el capital intelectual, el país se irá atrasando y va a ser difícil competir en el mundo”, asegura Marcelo Elizondo, director general de la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI).

Insostenible y nada ético

Elizondo fue presidente de la Fundación ExportAr y es consultor en comercio exterior de grandes compañías y de entidades como la Unión Industrial Argentina (UIA).

Para el especialista, es preocupante “una posición que crece con mucha fuerza” tanto entre políticos como incluso en empresarios. Es la idea de preferir “mantenerse cerrados” en la Argentina o en el Mercosur, sobre todo cuando enfrentan estos dilemas.

El ratio exportaciones/PIB, que muestra la participación de las ventas externas del bloque, en relación con el tamaño de su economía, está por debajo del 15 por ciento (tanto dentro del Mercosur como hacia afuera), cuando el promedio mundial es del 30 por ciento, mientras que en los bloques europeos y asiáticos este indicador supera el 50 por ciento.

“Pedir que nos cerremos por no tener que pasar por la incomodidad del ordenamiento pendiente no es sostenible en el tiempo, porque la economía se termina achicando y pierde calidad; que lo pidan las empresas para seguir vendiendo tampoco es ético, porque los resultados lo pagan los consumidores”, argumenta.

Aun así, considera que para mejorar la competitividad de las economías regionales falta algo más que el esfuerzo privado.

Para Elizondo, se requiere de un ordenamiento macroeconómico (corregir desequilibrios fiscales y bajar la inflación, entre otras mejoras); generar una estructura institucional que garantice derechos y contratos; flexibilizar los marcos regulativos para superar la burocracia, y dejar de lado el “prohibicionismo” (para importar o comprar dólares, por ejemplo). Realizados estos deberes, finalmente, abrir la economía a una mayor competencia y a los mercados del mundo, sostiene el consultor.

“De lo contrario, la economía se achica año a año y las consecuencias las estamos sufriendo todos”, sentencia.

Fuente: DIEGO DÁVILA - LA VOZ